El gobierno mexicano acumula casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; esta vez por violar los privilegios sexuales y reproductivos de las jóvenes de esa entidad, por lo que 150 de ellas recurrieron al organismo ante la prohibición total de la interrupción legal del embarazo.Ante la negativa de las instancias nacionales y estatales de derechos humanos para frenar las reformas a las constituciones locales de 13 entidades federativas —incluida Morelos— que protegen la vida desde la fecundación, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener este atropello.
Así lo informó a Cimacnoticias la directora de la Academia Morelense de Derechos Humanos y una de las peticionarias legales ante la CIDH, Patricia Bedolla Zamora, quien precisó que el 9 de junio pasado más de 20 organizaciones presentaron su petición ante la comisión para que admitiera el caso de 150 mujeres morelenses que han sido violentadas en sus derechos sexuales y reproductivos con estas reformas.
Las peticionarias, entre las que se encuentra también Nadxielli Carranco Lechuga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; el Grupo de Información en Reproducción Elegida y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras, pidieron que se analice las modificaciones al artículo 2 de la constitución morelense.
Además, que se pronuncie porque el gobierno mexicano reestablezca las causales permitidas hasta antes de las modificaciones que son por violación, imprudencial o culposo, por peligro de muerte, malformaciones congénitas o genéticas graves al producto, grave daño a la salud de la madre y por inseminación artificial no consentida.
Uno de los argumentos ante esta instancia fue la violación del gobierno a los tratados y convenciones que ha signado como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).
Cabe recordar que el gobierno mexicano suscribió en 2006 un acuerdo de solución amistosa con la CIDH como consecuencia del caso Paulina, la menor de edad violada a quien las autoridades de Baja California le negaron el aborto legal por abuso sexual, según lo estipulaba su legislación local. El caso derivó en una solución amistosa donde el gobierno mexicano se comprometió a la no repetición de más casos como éste y a garantizar en los servicios de salud el aborto legal por los supuestos permitidos en cada legislación de las entidades federativas.
Patricia Bedolla informó que la CIDH les notificó el pasado 29 de julio la admisibilidad del caso, por lo que presentará un informe de fondo.
De acuerdo con información de la página de la CIDH, casi todos los casos de derechos sexuales y reproductivos admitidos o fallados por la comisión están relacionados con la violencia contra las mujeres, en su mayoría por violencia sexual.
Más casos
Señala que durante el periodo 1991-2000 se identificaron catorce casos de diversos países que, de alguna manera, tocan el tema de estos derechos.
En el año 2000 admitió el caso de María Mamérita Mestanza Chávez contra Perú, presentado por varias ONG, como CLADEM, por haber sido coaccionada con amenazas y mentiras por el personal del servicio público de salud para que se ligara las trompas contra su voluntad.
Como resultado de la operación y del descuido del personal de salud, María Mamérita Mestanza murió, siendo sólo una de las víctimas del programa de esterilizaciones del gobierno de Alberto Fujimori.
La iniciativa
Morelos fue una de las primeras entidades federativas en hacer cambios a su Constitución para proteger la vida desde el momento de la fecundación y a su Código Penal para prohibir en su totalidad el aborto.
A principios de 2008, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos, la diputada panista Martha Patricia Franco Gutiérrez, y el legislador panista Gilberto Alcalá Pineda, promovieron la reforma del artículo 2 de la Constitución en la que reconoce “que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.
Tras los intentos fallidos de organizaciones civiles de la entidad para que no se aprobara y se hiciera un proceso “más transparente” se votó y aprobó con 23 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Convergencia el 11 de noviembre de 2008. Un mes más tarde se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad de Morelos.
Una opción para otros estados
Patricia Bedolla explicó que no buscaron acercarse con las entidades federativas, donde se han impulsado las mismas reformas, por los tiempos de la CIDH, ya que a partir de la entrada en vigor de las reformas tenían seis meses de plazo para armar su argumentación jurídica y llevar el caso a esta instancia.
No obstante, dijo que las mujeres de las 12 entidades federativas que modificaron sus constituciones para proteger la vida desde la fecundación pueden recurrir a la CIDH ya que, insistió, se agotaron las posibilidades de que las instancias nacionales se pronuncien contra esta ley que viola los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que en lo que va de este mes, 67 mujeres de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se prevé que los discutirán en breve.
De acuerdo con información de GIRE, actualizada a este mes, 13 entidades federativas han aprobado reformas a sus constituciones locales: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
Quienes ya han publicado la norma son once: Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
Señala que durante el periodo 1991-2000 se identificaron catorce casos de diversos países que, de alguna manera, tocan el tema de estos derechos.
En el año 2000 admitió el caso de María Mamérita Mestanza Chávez contra Perú, presentado por varias ONG, como CLADEM, por haber sido coaccionada con amenazas y mentiras por el personal del servicio público de salud para que se ligara las trompas contra su voluntad.
Como resultado de la operación y del descuido del personal de salud, María Mamérita Mestanza murió, siendo sólo una de las víctimas del programa de esterilizaciones del gobierno de Alberto Fujimori.
La iniciativa
Morelos fue una de las primeras entidades federativas en hacer cambios a su Constitución para proteger la vida desde el momento de la fecundación y a su Código Penal para prohibir en su totalidad el aborto.
A principios de 2008, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Morelos, la diputada panista Martha Patricia Franco Gutiérrez, y el legislador panista Gilberto Alcalá Pineda, promovieron la reforma del artículo 2 de la Constitución en la que reconoce “que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción”.
Tras los intentos fallidos de organizaciones civiles de la entidad para que no se aprobara y se hiciera un proceso “más transparente” se votó y aprobó con 23 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Convergencia el 11 de noviembre de 2008. Un mes más tarde se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad de Morelos.
Una opción para otros estados
Patricia Bedolla explicó que no buscaron acercarse con las entidades federativas, donde se han impulsado las mismas reformas, por los tiempos de la CIDH, ya que a partir de la entrada en vigor de las reformas tenían seis meses de plazo para armar su argumentación jurídica y llevar el caso a esta instancia.
No obstante, dijo que las mujeres de las 12 entidades federativas que modificaron sus constituciones para proteger la vida desde la fecundación pueden recurrir a la CIDH ya que, insistió, se agotaron las posibilidades de que las instancias nacionales se pronuncien contra esta ley que viola los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que en lo que va de este mes, 67 mujeres de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se prevé que los discutirán en breve.
De acuerdo con información de GIRE, actualizada a este mes, 13 entidades federativas han aprobado reformas a sus constituciones locales: Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
Quienes ya han publicado la norma son once: Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.
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