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Denuncia penal contra propietarios de Guardería ABC

Fórmese y de trámite en expediente penal tramitado ante el Juez Primero de Distrito bajo causa penal número:
126/2009

DELITO: Homicidio culposo por omisión, lesiones graves culposas y otros.

Ofendido: Bryan Alexander Méndez García, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Yoselin Valentina Tamayo Truijillo y todos los demás niños fallecidos, por conducto de sus madres, padres y abogado legítimo representante acorde a lo dispuesto en el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales.

ASUNTO: Se presentan argumentos tendientes a exigir con firmeza que a los inculpados se les niegue la libertad provisional y además a que se proceda a garantizar mediante el embargo precautorio de bienes la reparación del daño material y moral a la parte ofendida

C. Lic. José Martín Godoy Castro
Delegado Estatal de la Procuraduría
General de la República. .
P R E S E N T E.

LILIAN CRISTINA GARCIA, FRANCISCA VALENZUELA BADILLA, ADRIANA TAMAYO TRUJILLO y su legitimo representante LIC. ERNESTO MORENO BOJORQUEZ, con personalidad que tenemos debidamente acreditada padres de los niños fallecidos Bryan Alexander Méndez García, Daniel Rafael Navarro Valenzuela y Yoselin Valentina Tamayo Trujuillo, al igual que el resto de padres y madres que debajo de este escrito aparecen firmando e implícitamente a nombre de todos los niños y padres victimas de la tragedia que origina a este asunto, ante esta Delegación con el debido respeto, comparecemos, para exponer:


1. Se pide se solicite al juez, llegado el momento procesal oportuno, se niegue la libertad provisional a los inculpados.

Toda vez que las personas: Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Antonio Salido Suárez, María Fernanda Camou, Marcelo Meouchi, Arturo Leyva Lizarraga, Cecilia Mendoza de Matiella y José Manuel Matiella Urquides sean detenidos con motivo de las ordenes de aprehensión que en su contra existen, y en consecuencia puestas a disposición del juez de la causa, se pide a esta Delegación de PGR que le solicite al juez niegue la libertad provisional a las personas inculpadas; ya que sus conductas encajan en lo previsto en la fracción IV y V del artículo 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Esto es procedente ya que dichos inculpados se encuentran sustraídos con anterioridad a la acción de la justicia e impidiendo con ello la continuidad del proceso penal correspondiente. Asimismo existe la evidencia suficiente de que los inculpados se podrán sustraer de la acción de la justicia si es el caso de que la libertad provisional les fuese otorgada.

De ahí que le pedimos que a la solicitud que realice ante el Juez le adjunte aquellos elementos de prueba y que Usted ya cuenta, para que en base en ellos el Juez pueda establecer que la libertad de los inculpados representa por su conducta precedente o circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para los ofendidos o para la sociedad.

Lo anterior es procedente solicitárselo, porque en base a la información que Usted nos dio a conocer en reunión con padres de los niños fallecidos y lesionados, el pasado 14 de julio en sus oficinas de esta Delegación, nos explico y nos informo que cuenta con evidencia suficiente para poder fundamentar la petición que le venimos realizando.

Esencialmente nos referimos a la evidencia consistente en aquella constancia escrita y que en su poder se encuentra, en donde a Ustedes les consta que las personas arriba mencionadas cruzaron la frontera hacía Estados Unidos de América. De modo que con esta evidencia se puede demostrar al Juez que la fecha en que dichas personas salieron del País fue anterior al ejercicio de la acción penal y naturalmente que se han sustraído a la jurisdicción de las autoridades mexicanas.

De igual forma, nos referimos al reporte escrito que le ha hecho llegar el comandante del A.F.I. en la localidad, en donde se le ha informado que los inculpados ya no se encuentran habitando sus domicilios particulares, así como tampoco se les ha encontrado en las viviendas de sus familiares y tampoco en sus centros de trabajo.

Además del reporte que dicho comandante le ha hecho llegar, en donde le indica que se cuenta con la evidencia de que algunos de los inculpados tienen casas en propiedad en la ciudad de Phoenix y Tucsón Arizona; y asimismo y por informes recibidos en esta Delegación provenientes del Marshall del vecino país que ya se tienen ubicadas a dichas personas en Estados Unidos de América.

De lo que se sigue, que con dichas pruebas es urgente aportarlas como evidencia ante el juez para acreditarle que los inculpados se han sustraído a la acción de la justicia Mexicana y que existen pruebas de donde se concluye que dichas personas podrían sustraerse de nuevo en caso de que se les otorgara la libertad. Por tales razones sus conductas encuadran perfectamente en lo que se establece en la fracción IV y V del citado artículo 399 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, y que para mayor ilustración me permito transcribir a continuación:

Artículo 399 BIS. En caso de delitos no graves, el juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, la libertad provisional del inculpado (…) cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

Por conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
….

IV. El inculpado se haya sustraído con anterioridad a la acción de la justicia impidiendo con ello la continuidad del proceso penal correspondiente;

V.- El Ministerio Público aporte cualquier otro elemento probatorio de que el inculpado se sustraerá a la acción de la justicia, si la libertad provisional es otorgada.


Del anterior artículo se advierte que una vez que el Ministerio Público ha aportado ante el juez las pruebas de que los inculpados se han sustraído a la acción de la justicia y que con ello se impide la continuidad del proceso penal y además, de que es posible que se vuelvan a sustraer de concedérseles la libertad, es viable con fundamento en el artículo en análisis se le niegue la libertad provisional.

Esto es así, pues la finalidad del beneficio de la libertad bajo caución es para aquel inculpado que en tratándose de delitos no graves demuestra buena fe y disposición de colaborar en el desarrollo del proceso penal; lo cual implica que se le conceda el beneficio de afrontar el proceso penal en libertad y previo pago de la caución.

Sin embargo, cuando existen evidencias (como es el caso que nos ocupa) de que el inculpado se encuentra sustraído de la acción de la justicia y además de que tienen los medios para sustraerse de nuevo, es claro que su conducta demuestra que no hay disposición ni buena fe en colaborar al desarrollo del procedimiento penal, por lo que es factible negarle su libertad provisional y consecuentemente encarcelarlo, para que afronte su proceso penal en prisión.

Es por todo lo anterior que le solicitamos haga suya esta petición que se realiza por los abajo firmantes y por consiguiente se plantea, llegado el momento procesal oportuno al juez, la petición de que se les niegue la libertad provisional a los inculpados, toda vez que existen base para ello según quedo precisado y acorde a lo dispuesto en las fracciones IV y V del precitado artículo 399 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales.

2. Se solicita se pida al juez el embargo de bienes de los inculpados

Que en virtud de que es garantía constitucional de los suscritos los derechos consagrados en el artículo 20 constitucional referente a la reparación del daño y toda vez que los delitos por los que son víctimas los ofendidos en este asunto son de aquellos que afectan la vida y la integridad corporal, (homicidio y lesiones) es motivo para que se pida al Juez, por esta Delegación PGR Sonora, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación legal y real del daño patrimonial y además, la indemnización moral a la que en justicia tiene derecho los padres de los menores fallecidos y lesionados.

Por consiguiente, y para alcanzar la plena certeza de lo antes mencionado, es dable remitirnos a lo que se establece en el primer párrafo del artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales que tanto a las víctima del delito y/o a su legitimo representante, así como al Ministerio Público los faculta para que soliciten ante el juez el embargo precautorio de bienes propiedad del o los probables responsables. Tal y como se transcribe:

Artículo 149. El Ministerio Público, el ofendido o sus legítimos representantes solicitarán al juez y éste dispondrá, con audiencia del inculpado, salvo que éste se haya sustraído de la acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios…”

Además dicho embargo precautorio de bienes deberá realizarse observando las normas del Código Civil Federal. Esencialmente en lo que se refiere a la probable cuantía de los daños y perjuicios causados; que a su vez, guarda estrecha relación a lo dispuesto en el primer párrafo del citado artículo 149 del precitado Código Federal de Procedimientos Penales, de modo que implica considerar a los artículos 1910, 1913, 1915, 1916 del citado Código Civil. Esto es, que por todo hecho del hombre ejecutado con culpa, negligencia, falta de previsión o de cuidado y que se cause daño a otro, obliga a su autor a reparar dicho daño.

Por consiguiente, se entenderá, dice el precitado código civil, “que obra con culpa el que procede en contra de la ley (…) causando daño a otro…” De modo que la anterior responsabilidad puede existir inclusive aun por hecho ajeno, ello, cuando se cause por personas que estén bajo la potestad, dirección o dependencia de otro.

De tal manera la indemnización por daño patrimonial debe consistir en el establecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden patrimonial y moral.

De igual forma pero referente al pago de la indemnización por daño moral a la que también tiene derecho los beneficiarios de la víctima (en la especie la madre y padres); según el Código Civil será regulada por el Juez en forma discrecional y prudente, tomando en cuenta los valores espirituales lesionados y que pueden consistir en el afecto, honor, o integridad de los niños.

Al efecto, cabe traer al caso, pues es de conocimiento público, el hecho de que algunos artistas y políticos entablan demandas civiles en contra de periodistas por daño moral a su persona, honor, afecto e integridad personal; pues dichos personajes públicos consideran que dichos periodistas informaron a la opinión pública algo que ellos estimaron les ocasiono un daño moral y siendo ese motivo por el cual dichos políticos o artistas por sentirse agraviados han entablado demandas por reparación del daño moral hasta por el pago de 30 millones de pesos.

Sin embargo, cabe también decir, que dichos políticos o artistas no murieron trágicamente, ni tampoco sufrió lesiones graves por quemaduras en su cuerpo, cara o piel, pues las publicaciones que dieron motivos a sus demandas no le causaron la muerte ni mucho menos un daño en su salud. Por ello y en el caso de cada niño y niña que murieron de manera tan horrible y trágica le pregunto: ¿a cuanto deberá ascender la indemnización por daño moral a favor de los padres de esos niños, sí dichos niños eran menores de cuatro años de edad?

Finalmente es menester concluir que el espíritu del constituyente es dar cumplimiento a la garantía constitucional establecida en el artículo 20 de la carta magna que, como antes dijimos, garantiza a la victima de un delito una eficaz reparación del daño patrimonial como moral; por ello la ley secundaria, tal y como quedo antes expuesto, da los mecanismos a esta autoridad investigadora para hacer de ese derecho de la víctima una plena garantía constitucional, al solicitar al Juez proceda, con fundamento en el citado artículo 149 al embargo precautorio de bienes propiedad de los inculpados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. DELEGADO DE P.G.R. en Sonora atentamente le solicitamos:

PRIMERO: Llegado el momento procesal oportuno aportar al juez los elementos de prueba con que cuenta esta Delegación para que se le solicite a dicho juez proceda a negar la libertad a los inculpados acorde a lo que se establece en las fracciones IV y V del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO: Desde el momento de la recepción de este escrito girar las instrucciones a quien corresponda para que se solicite al Juez se embarguen bienes propiedad de los presuntos responsables para que se garantice de manera efectiva la reparación del daño a favor de las víctimas acorde a las reglas del código federal de procedimientos penales y del código civil federal, tal y como quedo párrafos anteriores expuesto.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior petición, le solicitamos se gire por esta Delegación atento oficio con carácter de urgente al Registro Público de la Propiedad y de comercio de Hermosillo, al igual que al ICRESON del Estado de Sonora, para que dichas dependencias le informen la relación de bienes inmuebles y muebles que aparezcan registrados a favor de los inculpados, ya sea en lo individual o de forma colectiva por razón de alguna sociedad civil, mercantil o de cualquier tipo. De modo que se agregue a las actas del expediente en donde se solicitara al Señor juez el embargo precautorio de dichos bienes y dicho juzgador este en posibilidad de concretar dicho embargo que conforme a la ley es dable exigir a favor de las víctimas del delito.

CUARTO: Finalmente y atento de nuestra parte a que en esta Delegación PGR Sonora será congruente con la instrucción dada por el Presidente de la República de que se hara justicia “caiga quien caiga, tópese con quien se tope” y que este gobierno debe regirse bajo los principios de legalidad, igualdad jurídica, justicia, bienestar general y sobre todo respeto a las garantías individuales, es por ello que le solicitamos con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Federal se nos de respuesta escrita a esta promoción el próximo día 27 de julio de este año de 2009.

Señalando para tal propósito que nuestro domicilio para oír y recibir notificaciones que es el ubicado en el despacho 5, tercer piso, en avenida Obregón número 59 esquina con callejón Álvarez y, que a su vez, se encuentra entre Yañez y Garmendia en el centro histórico de esta ciudad, y teléfono de oficina 208-91-66.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
Hermosillo, Sonora a 23 de Julio de 2009.

LIC. ERNESTO MORENO BOJORQUEZ

LILIAN CRISTINA GARCIA

FRANCISCA VALENZUELA BADILLA

ADRIANA TAMAYO TRUJILLO

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